Como destaca el CERMI, “contar con datos actuales y fieles sobre la realidad de las personas con discapacidad resulta esencial no solo para tener un conocimiento exacto de estas situaciones, sino para tomar decisiones acertadas de política pública y promover legislaciones adecuadas a los fenómenos sobre los que se quiere actuar”.

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, vigente y exigible en nuestro país, obliga en su artículo 31 a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que permita a los Estados firmantes formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a lo establecido en la Convención.

 

Sin embargo, denuncia el Comité, “nuestro país está demorando este mandato injustificadamente”. De hecho, la nueva gran operación estadística sobre discapacidad y dependencia debería haber estado terminada en 2018, una década después de la publicada en 2008. Pero aun así, y si bien el Comité ya anunció a instancias del INE la presentación de la nueva encuesta tanto en 2018 como en 2019, acumula un retraso de cuatro años, sin fecha cierta sobre su conclusión y puesta a disposición pública.